Los fiscales penales Mariana Torres, de Orán, y Daniel Espilocín, del Distrito Centro, representaron al Ministerio Público Fiscal en una audiencia flexible y multipropósito ante el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzu.
En la audiencia, se resolvió elevar a juicio la causa en la que se acusa a personal policial de la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR) 23 de Orán de facilitar la venta de drogas a cambio de dinero, brindando protección y alertando sobre allanamientos a las denominadas "bocas de expendio".
Están acusados de facilitar la venta a cambio de dinero, brindando protección a los narcos.
Los acusados son Mariana Cristina Castellanos, Carla Elizabeth Jauregui, Fabián Fernando Romano y Cristian Alexander Gareca, quienes serán juzgados por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasico. Asimismo, se imputó a Mercedes Stella Marys Benicio, Ruth Alejandra Carvajal, Hernán Federico Romero, y Luisa Verónica Choque, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y dos mujeres no integrantes de la institución policial, Beatriz Leniz y Rebeca Nilsa Pereyra, fueron acusadas de cohecho activo.
La investigación reveló que efectivos policiales cobraban coimas para facilitar actividades ilícitas. La fiscalía determinó que los involucrados habrían llegado a acuerdos para evitar allanamientos, que alertaron a personas que estaban siendo investigadas y de esta manera colaboraron con el ocultamiento de pruebas y hasta la fuga de los sospechosos, frustrando los procedimientos policiales.
La acusación sostiene que los sargentos Mariana Castellanos, Carla Jauregui, Fabián Romano y Cristian Gareca incurrieron en "la apropiación indebida de recursos afectando la normalidad de la función policial al quedarse con dinero que secuestraban en los allanamientos consignando una cantidad inferior en las respectivas actas".
Castellanos, Jauregui, Romano, Gareca, Ruth Carvajal, Hernán Romero, Luisa Choque y Mercedes Benicio fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión. Se les reprocha haber omitido nvestigar a las personas denunciadas por venta de estupefacientes y no denunciar irregularidades.
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