Para el oficialismo, la eliminación de los subsidios sólo parece prioritaria en lo que se refiere a las tarifas que pagan los usuarios de gas y electricidad, mientras se amplían beneficios para empresas de energía. Así lo demuestra la inclusión en el proyecto de ley de Presupuesto 2017, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, de un agregado al artículo 15 con relación a la primera versión que había enviado el Ejecutivo, por la cual el Estado nacional condonará deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa por el precio mayorista de la energía por más de $19.000 millones tomando cifras de octubre.

 Por esa iniciativa, se compensará a distribuidoras provinciales por el congelamiento de tarifas a que se comprometieron en 2014 y 2015 con el anterior Gobierno nacional, con la cancelación de deuda por la compra de energía. Dicho de otra forma, la administración actual afirma que reconoce a eléctricas provinciales, estatales y privadas la diferencia entre lo que cobraron y lo que hipotéticamente pudieron haber cobrado en esos dos años sin congelamiento y según los contratos de concesión, y aunque todas esas firmas transfirieron el precio de la energía a los usuarios en las facturas, y sin siquiera dar pruebas de que los montos a adjudicar realmente corresponden.