La jueza comercial Marta Cirulli ordenó la intervención con desplazamiento total del órgano de administración de Correo Argentino S.A. hasta que concluya el proceso de cramdown o salvataje de la empresa. De esta manera, la magistrada hizo lugar a sendos pedidos en ese sentido, hechos por la fiscal Gabriela Boquin y del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.
En su dictamen, la representante del Ministerio Público había advertido que luego de más de 15 años de ordenado el salvataje de la sociedad comercial, se perpetraron actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa violando lo dispuesto en la ley de Concursos y Quiebras.
La empresa presentó la semana pasada un recurso extraordinario para evitar que se abra el salvataje, tal como ordenó en diciembre la Cámara Comercial. Se trata del procedimiento que obliga poner en venta las acciones y que una eventual compradora especifique cómo pagará las deudas. Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco). El grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, que ya falló dos veces contra sus intereses.
El fallo de la jueza Cirulli advierte que “la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”. Agrega que tampoco se cuenta con ningún indicio en punto a la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a partir del año 2013, ni de los pagos consecuentes en favor de la AFIP en caso de haber correspondido”.
