Pasada las 9 de la mañana llevaron demorada a la médica del Hospital de Tartagal. "Me lleva a la comisaría y ya me adelantaron que me van a detener; todo en el marco de una causa espuria", dijo la profesional en contacto telefónico con El Tribuno. Luego quedó incomunicada.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la detención de la médica del hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad, quien intervino en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo (IVE) de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, quien antes del procedimiento habría manifestado su arrepentimiento.
"Es por eso que la llevan efectivamente detenida al Juzgado de Garantías II a cargo de Héctor Fernando Mariscal Astigueta para realizar la Audiencia de Control de Legalidad de la Detención. Luego la llevarán a la Fiscalía de Tartagal para la Audiencia de Detención. No imaginamos que la defensa (a cargo de Cristian Villagrán) pedirá la libertad", dijeron fuentes judiciales.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la mujer. Según se desprendió de la historia clínica, el procedimiento ocurrió pasado 24 de agosto, cerca de las 15.
La ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. Prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguno de los dos casos.
Por lo expuesto, el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación.
Desde la Regional Salta de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitieron un extenso comunicado que dice textual en sus dos primeros párrafos: "repudia la persecución a nuestra compañera de la localidad de Tartagal por garantizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Juan Domingo Perón de dicha ciudad. La compañera ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".
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