Se trata del mayor cargamento secuestrado en lo que va del año en Salta. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, la droga fue lanzada desde una avioneta en una finca de la localidad de Joaquín V. González. Desde allí, la banda la transportaba en un camión cisterna, que finalmente fue interceptado en el límite provincial con Santiago del Estero.

Tras una investigación llevada adelante por la PROCUNAR NOA, la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez formalizó ayer la acusación penal contra cinco hombres señalados como responsables de la mayor operación de tráfico de droga desarticulada en la provincia de Salta, donde se secuestraron 423 kilos de cocaína, que fueron arrojados desde una avioneta el sábado pasado.

En representación de dicha procuraduría, que está a cargo del fiscal federal Diego Iglesias y en el NOA, bajo la responsabilidad del fiscal general Eduardo José Villalba, los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier y Mariana Gamba Cremaschi dieron los detalles del caso en una audiencia. Allí, Alfredo Medina, Facundo Díaz, Juan Leopoldo Noria, Miguel Albornoz y Luis Palacios quedaron imputados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Al referirse a la maniobra, los representantes del MPF explicaron que la investigación se inició a fines del año pasado cuando Gendarmería Nacional alertó sobre el hallazgo de bolsas que aparecían descartadas en una zona rural de Joaquín V. González. Dentro del informe, la fuerza de seguridad sostenía que presumiblemente eran usadas para arrojar droga desde el aire, en la modalidad conocida como “bombardeo”.

En base a ello, PROCUNAR NOA inició actuaciones preliminares con tareas de campo e inteligencia a cargo de la Unidad de Procedimiento Judiciales de esa fuerza, la que permitió identificar a algunos de los acusados, entre ellos Noria, quien fue descripto como el principal responsable en la cadena de mando de la organización. De acuerdo alas intervenciones telefónicas, se estableció que Noria, quien reside en un complejo de edificio de la ciudad de Salta, viajó hasta la localidad de Joaquín V. González para organizar el traslado de la droga, la que ya había sido "bombardeada" en una finca de esa localidad la semana pasada.

En ese punto, la fiscalía mostró una serie de diálogos mantenidos por el acusado con su pareja, donde hacían alusión a la actividad ilegal. "Hemos sacado, seguimos sacando”, dijo el imputado en referencia a los paquetes de droga, donde también hizo referencia a la llegada de un camión. Cabe señalar que para el traslado, Noria había coordinado la utilización de un camión Fiat Iveco tipo Cisterna donde Medina y Díaz fueron designados como transportistas.

Con respecto a Albornoz y Palacios, los representantes del MPF los señalaron como "los brazos operativos" de Noria, debido a que su rol era recoger los paquetes y cargarlos en el camión, que salió de la finca por la Ruta Provincial N° 29 en dirección a la provincia de Santiago del Estero.

Tras la interceptación del vehículo en el límite provincial, se detuvo al conductor y al acompañante y además se llevó el rodado a la base operativa de Joaquín V. González, donde se lo requisó. Allí, al abrir la cisterna se encontraron 400 paquetes que se correspondían a 423,716 kilos de cocaína. Los auxiliares fiscales mencionaron ante la jueza que Palacios era el encargado de la finca de donde se sacó la droga, mientras que Albornoz participaba en la recepción de la droga y su acondicionamiento en el camión. De acuerdo a lo que expresaron, esta maniobra no habría sido la única, pues de las escuchas diferidas se pudo establecer que ya hubo otras operaciones similares. Por este motivo, no descartaron la participación de otros implicados.

Pedidos del MPF

En función de la gravedad del hecho, la naturaleza y logística que desplegaron los acusados, la fiscal Gamba Cremaschi solicitó la prisión preventiva de todos los imputados debido al riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de las tareas investigativas. Además, hizo foco en el grave daño a la salud pública y en la escala penal que tiene el delito que se les imputa, que prevé un mínimo de seis años de prisión, lo que impediría aplicar una pena de prisión de ejecución condicional.

La fiscalía solicitó autorización para llevar adelante una serie de las peritajes telefónicos, recolectar "sábanas de llamadas", así como analizar los impactos de antena y geolocalización. Además, requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario y que se decrete la inhibición general de los bienes de los acusados.

Al momento de resolver, la jueza coincidió con la fiscalía respecto del caso al marcar que posee "matices de orden trasnacional" y destacó la afectación del especio aéreo argentino, dada la modalidad utilizada para el ingreso de la droga. Puso también de manifiesto la obligación del Estado Nacional, a raíz de los compromisos adquiridos por tratados internacionales, de investigar esta clase de delitos que afectan gravemente a la sociedad.

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