Política

Inacción de la Justicia en Orán

Una enorme crisis social hay en Orán y los políticos de turnos están en otra.
Por lo menos es lo que a simple vista se puede observar en Orán en donde la gente se asentó en terrenos al parecer sin dueños, pero también se asentaron en terrenos que tienen dueños y sobre todo en terrenos en donde hay gente trabajando.
Este es el caso de un aserradero en calle arenales al final en donde la gente rompió las vallas y se metió al aserradero, tomando parte de este negocios y tal la impunidad de quien sería el ideólogo y motivador a que la gente se asiente por la denuncia pública que hizo el propietario del aserradero, es  Francisco Álvarez, este  ingreso y marco como van a quedarse con el aserradero y como lo van a dividir al mismo, delante de los dueño y sin la protección de la policía en los mas mínimo.
Es decir más allá de las denuncia, mas allá de las reuniones del propietario del lugar con las autoridades, la gente sigue adentro y es más han ingresado con el fin de tomar el negocio completo por las declaraciones de los dueños del aserradero y la POLICIA DE SALTA, ni siquiera envió una consigna al lugar para evitar este amedrentamiento y este avasallamiento a los dueños del lugar.
Que esperan que haya justicia por mano propia que no quede otra alternativa que defenderse ante la inacción de la justicia, de los fiscales y jueces de Orán, que tienen inaccion en contra del que toma un negocio y tierras en donde se trabaja, para dejar hacer al otro un negocio de lo ilegal.
HAY LEYES  QUE DEFIENDE LA PROPIEDAD PRIVADA:
El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que “La propiedad privadaes inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
La concepción de “inviolabilidad” de la propiedad plasmada en el artículo 17 de la constitución Nacional, tiene como contracara el término “confiscatoriedad”, prohibida por la misma norma constitucional, de manera que de la simple lectura de la norma surge claramente que todo acto o ley del que resulte una violación al derecho de propiedad, importa una confiscación
 
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