El fiscal federal, Ricardo Toranzos, dispuso una medida de entrega de información por parte de la ANSES Salta respecto a los trámites que se habrían realizado por concejales, legisladores, funcionarios y demás a fin de acceder al cobro del IFE. Esta medida se lleva adelante en estos momentos en las oficinas de la delegación Salta, con total apoyo de su titular.

Con investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, esta diligencia, que consta en la verificación de información de dichos trámites en las computadoras de la ANSES, se lleva adelante en las mismas oficinas, tarea que demandará un buen tiempo.

La investigación periodística que encendió la polémica y el antecedente del concejal Héctor Cari, de Guachipas, ya imputado por el delito de fraude a la administración pública, inició la investigación y dispuso medidas preliminares.

Sobre las penas que pueden recibir en caso de comprobarse la existencia del delito, van desde los 1 a los 6 años para aquellos que lo cobraron y entre un tercio de mínimo y la mitad de máximo para aquellos que lo solicitaron y cuya solicitud fue rechazada.

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