El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal han emitido un comunicado conjunto tras la reunión de los titulares de Ministerios Públicos de todo el país, celebrada en la Provincia de Mendoza los días 27 y 28 de abril de 2023. Durante la reunión, en la que Salta contó con la representación del procurador General Pedro García Castiella, se abordaron temas relacionados con la situación del narcotráfico, narcocriminalidad y narcomenudeo en las provincias, así como la necesidad de una política de estado para combatir estos delitos.
A continuación el comunicado:
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, a partir de la reunión de los Titulares de Ministerios Públicos de todo el país efectuada en la Provincia de Mendoza los días 27 y 28 de abril próximos pasados, manifiestan:
I-Que desde hace años nuestras organizaciones vienen reclamando colocar en agenda nacional la situación por la que atraviesan algunas provincias argentinas en razón del avance de la distribución de drogas en sus territorios.
Entendemos el flagelo del narcotráfico y narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad. Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de estado que sean generales, fuertes y sustentables en el tiempo. Las medidas parciales que se adoptan de manera espasmódica, se erigen en soluciones paliativas temporales que sólo retrasan un resultado indefectiblemente negativo.
Es necesario un abordaje integral del conflicto mediante la creación de un sistema integrado de lucha que abarque tres aspectos: prevención, asistencia médica y social y punición del fenómeno. Atacar directamente las consecuencias sin actuar sobre las causas no soluciona el problema.
Pensar que la situación por la que atraviesa hoy Rosario no es asimilable a lo que ocurre en otros lugares del país, o que en todo caso no va a extenderse o repetirse en otras provincias, es asumir la realidad a partir de un pensamiento ingenuo.
Es necesario que desde la nación se bregue por la desfederalización en todas las provincias y la interacción de todos sus Ministerios Públicos Fiscales para que, mediante la implementación de criterios comunes de persecución penal, se logre un eficaz combate del narcomenudeo, bloqueando los canales de distribución de la droga. El federalismo debe concebirse como una herramienta y no como un obstáculo.
II-La nación debe coadyuvar colaborando de manera efectiva con los MPF provinciales. Es imprescindible reforzar los laboratorios forenses, hoy con recursos escasos y que son fuente cotidiana de procesos penales exitosos, tanto en el ámbito de la justicia provincial como federal. A tal efecto, es menester poner en marcha un nuevo compromiso de ayuda y colaboración por parte del Ministerio de Justicia de la Nación con los MPF con destino a los laboratorios forenses.
III-Desde nuestros Consejos, requerimos la pronta modificación de la ley 26548 y sus modificatorias, regulatorias del funcionamiento del Registro Nacional y Banco de Huellas Genéticas. La injustificada limitación de los perfiles genéticos a los que cometen delitos contra la integridad sexual, carece de todo fundamento lógico.
La indiscutida utilidad del cotejo de perfiles genéticos con evidencias levantadas de los lugares donde se cometen delitos, torna indispensable la ampliación de los bancos de huellas genéticas y en especial del Banco Nacional de Huellas Genéticas, extendiendo la extracción obligatoria del perfil a quienes hayan cometido cualquier tipo de delito.
La toma de una muestra de saliva para generar el perfil genético de una persona no es un método más invasivo ni estigmatizante que la extracción de las huellas digitales, procedimiento hoy incuestionado para identificar y presente como recaudo esencial para conseguir cualquier tipo de documentación habilitante.
IV-De una vez y para siempre, los estamentos gubernamentales argentinos, sin distinción ideológica o partidaria, deben asumir políticas de estado que definan claramente el camino hacia una convivencia pacífica, asegurando la prevención, control y punición de los delitos y en especial aquellos vinculados al narcotráfico e infracciones penales colaterales.
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