La acusación contra el imputado Benito Castro Cáceres fue requerida el 1° de este mes por la Fiscalía de Distrito en el marco de una investigación iniciada el 28 de septiembre pasado, a partir de un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta 34, en la mencionada localidad del sur provincial.

Según lo relatado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano en la audiencia de formalización de la investigación penal, Cáceres fue detenido tras detectarse irregularidades en la documentación de viaje respecto a los dos menores de edad -un varón de 17 años y su hermana de 15-, que viajaban a su cargo, quienes aportaron datos contradictorios con la versión dada por el acusado.

La representante del MPF explicó que todos habían salido de la ciudad de Aguas Blancas, en el departamento salteño de Orán, y se dirigían a la ciudad bonaerense de Mar del Plata, y que, si bien los adolescentes reconocieron que Cáceres era su tío, entre ellos no se conocían.

Además, se estableció que previamente, los adolescentes habían iniciado el viaje en taxi desde la localidad boliviana de Tarija y luego ingresaron a territorio nacional por un paso ilegal.

Sobre Cáceres, sostuvo que fue quien pagó el viaje en micro y el taxi, y que, además, tenía en su poder los documentos de los menores de edad, a quienes, en primera instancia, dijo desconocer, aunque luego afirmó ser su tío.

Asimismo, se advirtió que en todo momento ejercía cierto control sobre los adolescentes y que los teléfonos de los menores de edad estaban en su poder sin los chips colocados. También señalaron la existencia de certificados de salud que alarmaron a las fuerzas de seguridad sobre la menor de 15 años.

En razón de esta conducta, y dado que el acusado y los menores reconocieron el ingreso ilegal, la fiscalía solicitó la detención de Cáceres y la retención de los menores, quienes fueron remitidos en dispositivos de la Secretaría de la Niñez de la provincia de Salta, luego entregados a sus padres y finalmente se se propició su retorno a Bolivia, a través del consulado de ese país en Salta, cuya agente consular colaboró con la fiscalía de manera permanente desde el inicio del caso.

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